Una vez aprobada la Constitución de 1931, el
Ayuntamiento de Aviles propone que se suprima la asignación
presupuestaria para el capellán de cementerio de la Carriona. Las
juventudes socialistas de San Pedro Navarro se dirigen al Ayuntamiento
en Octubre de 1931 para solicitar la dmolición de un hórreo palomar
popiedad de la casa rectoral de la paroquia, porque a su juicio
entorpece el tráfico, materializándose el derribo solicitado en agosto
de 1932.
Adelantándose
a la ley de secularización de los cementerios, en Aviles se acuerda a
principios de 1931, derribar el muro de separación existente entre el
cementerio civil y el católico. La reacción de la jerarquia católica de
la villa no se hizo esperar y el arcipreste párroco de San Nicolas, asi
como los de Miranda y la Magdalena, presentan un escrito al Ayuntamiento
en el que protestan por el acuerdo municipal y solicitan su anulación.
Finalmente el muro se derriba.
En
1935 se recoge la práctica municipal de conceder no sólo la matrícula
gratuita a los alumnos del Instituto nacional de Segunda Enseñanza que
asi lo solicitaran, sino tambien los libros de texto exigidos por los
estudios, pero imponiendose a los beneficiados la obligación de devolver
a final de curso los libros que gratuitamente hubieran utilizado para
que otros alumnos en las mismas circunstancias los pudieran volver a
utilizar.
La Gestora que dirige el Ayuntamiento de Aviles en Febrero de 1931 acuerda:
"Que
se supriman todos los impuestos municipales que gravasen a los pequeños
campesinos, comerciantes y propietarios, recargandose en compensación a
los grandes capitalistas y hacendados de Aviles; que se realicen las
gestiones para que se inicien las obras de mas urgente necesidad y asi
mitigar el paro obrero, la readmisión de los obreros despedidos en el
34, que se derrogue inmediatamente la ley de vagos y maleantes y se
exige ala Compañia Popular de Gas y Electricidad el restablecimineto del
alumbrado en aquellos domicilios alos que se les suprimió por cualquier
causa.
Se acuerda tambien la expulsión
inmediata de los empleados municipales que se pueda demostrar que
cometieron actos coactivos o trabajasen en contra del régimen
republicano, adjudicándose sus cargos a ciudadanos defensores de la
República.
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