En "El Pais" del 14 de octubre de 1980
"El ministro de Industria estima que tendría consecuencias muy graves
en el ámbito laboral la declaración de Avilés como zona contaminada,
solicitud formulada reiteradamente por la corporación municipal, según
pudo saber EL PAIS. Industria no ve otra solución para devolver
rápidamente la pureza al aire de Avilés, que una drástica
reestructuración de las instalaciones de producción de algunas
industrias, singularmente Ensidesa, y paralizar otras, que tendrían como
secuela inevitable la reducción de las plantillas y el incremento del
paro. La aplicación de las medidas anticontaminantes suficientes en la
zona exige una inversión de 150.000 millones de pesetas.
Según un informe de Industria, el Gobierno podría prohibir la
instalación o ampliación de las actividades que determine; el
ayuntamiento no podría conceder licencias de obra para el desarrollo del
proceso industrial; el gobernador civil quedaría en condiciones de
fijar criterios muy exigentes a las empresas en la utilización de
combustibles y se obligaría a una gran inversión para construir
depósitos de almacenamiento de los combustibles limpios y para la
financiación de dichas existencias. Como ventaja principal, el informe
alude a los beneficios a que pueden acogerse las empresas para
intensificar las medidas correctoras, pero agrega que dichos beneficios
ya están concedidos a través del plan de saneamiento atmosférico, según
el cual recibirán un 30% de subvenciones para este capítulo y un 50% con
cargo al crédito oficial.El Ministerio de Industria hace especial
hincapié en la incidencia de una inmediata y brusca aplicación de
soluciones de este tipo coincidiendo con la grave situación que
atraviesa Ensidesa.
La delegación provincial de Industria informó a la subcomisión de
Medio Ambiente que sería más eficaz la aplicación de las medidas de
dicho plan de saneamiento, complementados con una red de vigilancia
semiautomática capaz de detectar las emergencias.
El gobernador civil, Jorge Fernández, advirtió, por otra parte, al
alcalde, Manuel Ponga, del PSOE, que caso de prosperar la declaración de
zona contaminada, tanto la red de vigilancia como su mantenimiento
deberán correr a cargo exclusivo del ayuntamiento. El Consejo de
Ministros acordó el pasado mes de febrero un plan anticontaminante para
Avilés, a desarrollar en tres fases (véase EL PAIS del 2-10-1980). El
deterioro de la atmósfera avilesina aumentó de forma sensible las
enfermedades broncopulmonares.
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